Morelia, Mich., 27 de diciembre de 2024.- El reciente señalamiento del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, sobre la falta de respuesta del Ayuntamiento de Morelia a las observaciones realizadas por el Gobierno del Estado en el convenio de seguridad, deja al descubierto un preocupante desinterés por parte de la administración municipal en uno de los temas más sensibles y urgentes para la población: la seguridad.
La negativa o desatención de las autoridades municipales a presentar una contrapropuesta dentro del plazo establecido, que concluyó el pasado 30 de noviembre, refleja una grave omisión. Esto no sólo debilita los lazos de colaboración entre el municipio y el estado, sino que también pone en riesgo a los ciudadanos que dependen de una policía bien equipada, coordinada y certificada.
Resulta especialmente paradójico que mientras el estado ha destinado aproximadamente 30 millones de pesos en certificaciones y seguros de vida para los elementos de la Policía Municipal de Morelia, el Ayuntamiento no haya tomado la iniciativa de avanzar en el fortalecimiento de la seguridad mediante este convenio. Los recursos estatales representan un apoyo significativo, y su inacción podría ser interpretada como una falta de compromiso para aprovechar estas herramientas que beneficiarían directamente a los cuerpos policiales y, por ende, a los ciudadanos.
También preocupa que 70 municipios y 40 comunidades con autogobierno ya hayan firmado el convenio, destacándose por su disposición a coordinar esfuerzos en un rubro tan crucial. Esta cifra contrasta de manera alarmante con la postura del Ayuntamiento de Morelia, que parece dar prioridad a otros asuntos o incluso apostar por un enfrentamiento político que deja como rehenes a los habitantes de la ciudad.
La coordinación en materia de seguridad no es una opción, sino una necesidad. La inseguridad no distingue niveles de gobierno ni ideologías; es una problemática que exige soluciones integrales, basadas en la colaboración y la voluntad política. En este contexto, el silencio del Ayuntamiento de Morelia se convierte en una postura difícil de justificar.
Es momento de que las autoridades municipales rectifiquen su postura y tomen acción inmediata para responder a las observaciones realizadas por el Gobierno del Estado. De no hacerlo, el costo de esta omisión será pagado por los ciudadanos que diariamente enfrentan las consecuencias de una seguridad debilitada y una administración que, al parecer, prioriza sus intereses por encima del bienestar colectivo.
En conclusión, el Ayuntamiento de Morelia tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que está a la altura de los retos que enfrenta la ciudad. La seguridad no puede seguir siendo rehén de posturas políticas o negligencias administrativas. La ciudadanía merece acciones concretas, y el tiempo para actuar es ahora.
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