Morelia, Mich., 31 de octubre 2024.- El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en
Michoacán evidencia una preocupante descoordinación y falta de sensibilidad en cuestiones de seguridad y gobernanza. Desde el cambio en el discurso oficial para la tradicional “Noche de Muertos” —rebautizada como la “antesala de Semana de Muertos”—, el mandatario dejó entrever una ambigüedad incómoda, especialmente en un estado donde la violencia y la inseguridad son parte de la realidad diaria. Este cambio de nombre no solo trivializa una tradición profundamente arraigada, sino que alude, con torpeza, a un futuro sombrío que, lamentablemente, parece materializarse en los índices de violencia e inseguridad en la entidad.
El secretario de Gobierno, en su declaración sobre la “Conmemoración de los Mártires de Uruapan,” señaló que la responsabilidad de este acto recae en el Ayuntamiento, subrayando así la falta de colaboración entre gobierno estatal y municipal. Este vacío en la coordinación es aún más alarmante en un contexto de inseguridad creciente, donde las acciones unilaterales de las autoridades municipales, como el alcalde de Uruapan, afectan negativamente el rol de los medios de comunicación. Con declaraciones públicas, este alcalde descalifica a los medios, lo cual parece indicar que el gobierno local, en lugar de unirse en la búsqueda de soluciones de seguridad, opta por incitar divisiones y odios infundados contra quienes exponen la realidad en Michoacán.
A esta atmósfera de tensiones y descalificaciones se suma la falta de cumplimiento de Ramírez Bedolla con sus promesas de audiencias públicas municipales, anunciadas el 14 de octubre como una estrategia para escuchar a los ciudadanos. Este compromiso quedó relegado cuando el gobernador emprendió una gira por Europa, dejando en suspenso sus propias promesas. La gira no solo implica un incumplimiento, sino también una muestra de desconexión y falta de compromiso con la situación local, justo cuando los homicidios están en aumento y la población vive atemorizada, como lo evidencia el reciente asesinato de un comunicador en Uruapan, quien había entrevistado al alcalde minutos antes de su muerte.
El hecho de que periodistas en Morelia se hayan visto obligados a manifestarse frente al Palacio de Gobierno, bajo la mirada de la policía estatal y el grupo antimotines, evidencia un clima de censura implícita y represión. La presencia de estos cuerpos de seguridad parece ser un mensaje hacia los comunicadores, quienes, al estar bajo constante vigilancia, ven en riesgo su derecho a la libre expresión. La realidad es que, en Michoacán, la situación de inseguridad demanda mucho más que frases ambiguas y promesas incumplidas; exige acciones coordinadas y responsables que prioricen la protección y el bienestar de sus ciudadanos.
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