Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2025.- La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aprobada por el Congreso del Estado, ha sido presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como una garantía de derechos laborales para las y los trabajadores de la institución, en particular en lo referente al sistema de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, el impacto real de estos cambios y sus implicaciones a largo plazo merecen un análisis más profundo.
El mandatario estatal aseguró que los trabajadores en activo podrán acogerse al régimen de retiro vigente, mientras que las nuevas contrataciones se ajustarán al modelo reformado aprobado el pasado fin de semana. No obstante, esta diferenciación podría generar desigualdades dentro de la propia comunidad universitaria, al establecer dos esquemas de retiro distintos para empleados que, en esencia, desempeñan funciones similares.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la situación financiera del sistema de pensiones de la universidad. Ramírez Bedolla expuso que el esquema estaba colapsado desde hace ocho años, con un total de 1,284 pensionados que perciben, en promedio, 104 mil pesos mensuales de jubilación, adicionales a la pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En algunos casos, los ingresos totales pueden ascender a 199 mil pesos mensuales, sumando los 40 mil pesos del IMSS.
Este dato ha servido como justificación para los cambios, pero también ha generado interrogantes sobre la sostenibilidad financiera y la equidad del sistema. La disparidad en las percepciones de jubilación contrasta con la realidad económica de la mayoría de los trabajadores en el estado, así como con el déficit presupuestario recurrente de la universidad, que año con año depende de subsidios estatales y federales para cubrir sus compromisos.
Por otra parte, la reforma también aborda la democratización del proceso de elección de la rectoría y otorga un presupuesto pleno a la institución, medidas que han sido bien recibidas en algunos sectores. Sin embargo, la promesa de crecimiento institucional, con la construcción de nuevos campus en Huetamo y Zacapu, genera dudas sobre cómo se garantizará la viabilidad financiera de la expansión si el sistema de jubilaciones ya representaba una carga insostenible.
Más allá del discurso oficial, la reforma plantea una reconfiguración profunda de las condiciones laborales y de retiro dentro de la Universidad Michoacana. La pregunta clave sigue siendo si estas modificaciones realmente garantizarán la estabilidad de la institución y de sus trabajadores o si, por el contrario, terminarán por agravar las desigualdades y generar nuevas problemáticas financieras a futuro.
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